Justicia ordena recalcular haberes: tumban fórmula jubilatoria de Fernández

La Justicia federal puso fin a la fórmula de movilidad jubilatoria implementada durante la gestión de Alberto Fernández. Según informó 19640 Noticias, la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional el esquema establecido por la Ley 27.609 y ordenó recalcular los haberes de los beneficiarios afectados.

El fallo, firmado por los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado, revirtió una sentencia de primera instancia que había rechazado el planteo de Carmen Galletta, una jubilada que demandó a la ANSES por la pérdida de poder adquisitivo. El tribunal determinó que, para el período comprendido entre enero de 2021 y junio de 2024, debe aplicarse la fórmula de la Ley 27.426, vigente durante la presidencia de Mauricio Macri.

Los magistrados cuestionaron que la norma derogada no contemplaba mecanismos de protección frente a la aceleración inflacionaria. Los datos incorporados al fallo son contundentes: mientras la movilidad acumulada en ese período fue del 553,55%, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 1.129,07%. Esta brecha generó una pérdida real del 46,83% en el poder de compra de los haberes.

Para recomponer esa pérdida, la Cámara dispuso recuperar el mecanismo que combinaba un 70% de la variación del IPC y un 30% de la evolución salarial medida por el RIPTE. Posteriormente, desde julio de 2024, el cálculo continuará con la actualización mensual por inflación establecida en el decreto 274/2024. El tribunal señaló que los aumentos posteriores no lograron compensar el deterioro inicial porque se aplicaron sobre una base de haberes que ya había perdido valor.

En el cálculo de las diferencias, se descontarán los importes ya percibidos por movilidad, adelantos y bonos para evitar duplicaciones. Además, se utilizará la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central para los intereses. La decisión también declaró inconstitucional el límite del artículo 9 de la Ley 24.463 cuando su aplicación genera una reducción igual o superior al 15%.

Es importante aclarar que la resolución tiene efectos directos únicamente sobre el expediente de la jubilada que inició la demanda. No implica un aumento automático para todos los jubilados y pensionados del país, aunque constituye un antecedente judicial relevante para los miles de reclamos previsionales en trámite que cuestionan la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años.